En los últimos días Deba-t.lab (el área de estudio e investigación de Deba-t) ha venido reflexionando alrededor del proceso de ilegalización de Bildu. De alguna manera, se viene a concluir que, conceptualmente, chirría la imposibilidad que tiene una coalición de partidos articulada entorno a la figura de Eusko Alkartasuna (EA), partido del que proviene el primer presidente autonómico del País Vasco, de presentarse a unas elecciones. De hecho, más allá de los juicios de valor -consecuencia de una valoración meramente política-, es interesante reflexionar sobre los argumentos jurídicos que han llevado a la ilegalización de la coalición de partidos independentistas.
La Ley de Partidos, eficaz
Siempre he entendido -y de ello hablé en el libro 439 días. De cómo Zapatero buscó la paz- que la Ley de Partidos ha tenido consecuencias muy positivas, en tanto que ha asfixiado a ETA, y que, durante este tiempo, los independentistas vascos han tenido la opción de votar a un ejemplar Aralar, que nació precisamente por la voluntad de determinados sectores anteriormente vinculados a Batasuna de desprenderse de la violencia y avanzar por la senda de la democracia. Ahora bien, una vez demostrada que con esa ley no se ilegalizaban ideas, y el evidente avance hacia un escenario protagonizado por la libertad, de aquellos que hasta hace no mucho tiempo también iban armados, no debe cegarnos la ira que protagonizó tantas horas en tertulias durante el último fallido proceso de paz.
Al contrario, una vez más, podríamos habernos situado ante un escenario determinante a la hora de culminar un proceso que, ni por el contexto histórico, ni por su propia razón de ser, tiene ningún tipo de viabilidad. Ahora bien, olvidar que el terrorismo no es una acción delictiva cualquiera, dado su apoyo social, es también un error. Que la gente que lleva armas decida dar evidentes pasos -no hay antecedentes en la historia de ETA- para su disolución definitiva, debería provocar otro tipo de reacciones.
Breve aproximación jurídica
Por lo que se refiere a la decisión del Tribunal Supremo, habría que destacar que la jurisprudencia del Alto Tribunal y del Tribunal Constitucional han construído la figura del ‘contraindicio’ que, según palabras textuales del voto particular, viene a significar que ‘el rechazo de la violencia y del terrorismo’, cosa que hace Bildu, ‘neutralizará los demás indicios, que no hechos’ que puedan llevar a la ilegalización de un partido, como ha ocurrido en este caso.
Aún así, más chocante es todavía que en ninguno de los recursos presentados se hace referencia a los cuatro supuestos que pide la propia Ley de Partidos para ilegalizar a un partido político o que los recursos presentados tengan errores imperdonables, como por ejemplo “pretender que el candidato número 4 al municipio de Villarreal de Álava/Legutio fue candidato de la Plataforma Itzarzu en 2003, cuando en esa fecha era un menor de edad; o afirmar que el candidato número 10 a las Juntas Generales de Guipúzcoa fue identificado en 1996 como simpatizante de Batasuna, cuando en dicha fecha Batasuna no existía (nació casi cinco años después)’, tal y como indican algunos magistrados en su voto particular. Algunos ejemplos que vendrían a reforzar la posibilidad de que en los próximos días el Constitucional fallara a favor de la coalición independentista, pues parece que a algunos magistrados les ha cegado más el prejuicio y las prisas, que el análisis pausado y la aplicación de derechos y libertades fundamentales.
‘El que a hierro mata a hierro muere’
No estaría de más, pues, reflexionar detenidamente sobre el tema. Batasuna no era Sortu y Sortu no es Bildu, más allá del nombre. Y de hecho, en conexión con otra cuestión de actualidad, tampoco estaría de más recordar las palabras de aquel editor de periódicos que decía hace cosa de 20 años, y ahí están las hemerotecas, que ‘el que a hierro mata a hierro muere’.
Esta persona, tiempo después, destapó la guerra sucia del Estado con los GAL. Pues bien, ¿alguien podría poner sobre la mesa las diferencias entre esto último y lo que acaba de hacer el Gobierno de Estados Unidos en relación al ‘terrorista más buscado del mundo’?
[artículo original publicado en LA VOZ DE BCN]