Ni sí, ni no, sino todo lo contrario
La decisión de CiU de no votar la admisión a trámite de la reforma constitucional era una posición muy cómoda. Con la excusa, facilitada por el PP y el PSOE, de haber sido marginados del proceso, ellos respondían simbólicamente esta mañana “ausentándose” de la votación. O sea, “ni sí, ni no, sino todo lo contrario”. Y aunque el marketing político (y seguramente la convicción de la mayoría de los miembros del Grupo) les ha dejado como unas personas con más respeto a las instituciones democráticas que otros parlamentarios, tampoco perdamos de vista que tampoco han fijado una posición concreta por lo que se refiere al fondo de la cuestión.
No le falta razón a Duran i Lleida cuando dice que se ha acabado con el espíritu de consenso de la Constitución. El pacto para esta reforma se hizo público antes de que la propia dirección del PSOE hubiera sido consultada, y sin que los otros grupos parlamentarios -a excepción del de Mariano Rajoy- supieran de qué iba la cosa. Tampoco le falta razón a Duran i Lleida cuando dice que, probablemente, por respeto a la ciudadanía, los diputados debieran pedir la convocatoria de un referéndum. Como tampoco le falta razón al diputado Carles Campuzano, el más explícito del Grupo catalán en relación al fondo de la cuestión, cuando dice que la estabilidad presupuestaria no necesita de su cristalización en la Carta Magna.
En cualquier caso, leyendo las crónicas que se han hecho al respecto, y las conversaciones que uno va teniendo, tampoco se entiende el papel de la Ejecutiva del PSC que, pese a ser crítica en su mayoría con la reforma de la Constitución, aprobaron por asentimiento el apoyo de los 25 diputados socialistas catalanes a la reforma que nos ocupa. Laia Bonet y Jaume Collboni, cuenta la prensa, decían que sería de recibo complementar el proceso con una consulta a la ciudadanía, por ejemplo. Asimismo, Marina Geli, dice en Twitter, que es una reforma que “no queríamos” y que “ha sido impuesta para comprar deuda“. Otros, que son la mayoría, se limitan a decir que se trata de una cuestión de “urgencia y excepcional”. En privado, sin embargo, sobre todo coinciden en que el proceso debería haber sido distinto, porque a las instituciones democráticas se les está haciendo un flaco favor. Seguramente, se debería hacer un esfuerzo añadido de explicación y liderazgo, pero quién lo debería hacer ya no tiene crédito, cuentan.
En el fondo, la mayoría están (o estamos) un poco superados por las circunstancias y, aunque no guste, hay más dudas que certezas. Los próximos meses, y años, parece que van a ser intensos por lo que se refiere a la redifinición del concepto de soberanía nacional, el papel de los Estados en la UE y la construcción, o deconstrucción, de la Unión, el Estado de Bienestar, etc… Y en esa línea hace unas semanas le preguntaba un compañero a un economista si su prestigioso equipo de investigadores conoce alguna fórmula para sacar a Occidente de la crisis. ¿La respuesta? Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Inevitablemente, las dudas, siempre inquietantes, están presentes, ahora más que nunca, en nuestra toma de decisiones.
Titulados y profesionales
“La política es a determinados jóvenes lo que fue la construcción para tantos otros”, me dijo advirtiéndome el Doctor. No era médico, pero había dedicado gran parte de su vida a estudiar (de hecho, nunca lo ha dejado de hacer) y hablábamos de un destacado dirigente de un partido catalán. La persona en cuestión estaba a punto de acabar la carrera, pero al entrar en la dinámica de la política prefirió dejarlo. Ahora, víctima de su pasado, es también víctima de la dinámica de su partido. No conoce más trabajo que el de representante público y no tiene una alternativa laboral, aunque podría ser una excelente profesional en la Universidad, aprovechando su experiencia. Pero, a buenas horas, le llamó más la atención sentarse en un escaño.
“Para saber que la Universidad española, a grandes rasgos, motiva más bien poco a sus estudiantes, basta con darse una vuelta por una Facultad cualquiera”, me dice un amigo que, a diferencia del primero, todavía no está doctorado. Ni si quiera el sistema europeo, con grupos más reducidos y, en principio, clases dinámicas, ha conseguido generar implicación y unos estudiantes autónomos y activos. En el mundo (más) desarrollado el acceso a la Universidad es más arduo que aquí, aunque una vez dentro es mucho más dinámica. La Universidad española -con un acceso casi directo después de hacer el Bachillerato- se convierte, en general, en una prolongación de la secundaria, tanto por lo que se refiere al fondo, como a la forma. Profesores que prefieren investigar a dar clases, contenidos predefinidos que repiten una y otra vez durante horas y horas y un perfil de estudiante que se limita a recibir información, cuenta.
Desde luego, poco o nada justifica que ante una gominola o subir una escalera, a través de la cual también puedes comer una o muchas gominolas (pero de las buenas), escojas el camino más fácil. Ahora bien, ambas situaciones (una Universidad española que hereda los problemas estructurales de la educación primaria y secundaria y con unos estudiantes poco implicados en su entorno; así como un político (que empieza a ser excepción) que decide dejar la Universidad, pero que, sin embargo, tendría un gran valor añadido si no lo hubiera hecho y decidiera compartir su experiencia en ella) son un pez que se muerde la cola.
En un momento donde la contención del gasto está de moda (incluso en sectores como el que nos ocupa) la creatividad a la hora de imaginar un sistema educativo (en todas sus fases) que no genere títulos sin más, está directamente conectada a la capacidad de incentivar reformas de un sistema político del que depende (o eso quiero creer) cualquier cambio en una u otra dirección. Incluso aquellos que no fueron a la Universidad, por imposibilidad metafísica o porque fue su opción, seguro que tienen algo que aportar. Es más, no sería tarde para acabar aquello que empezaron. En cualquier caso, sería bueno hacer algo (y empezar por proponerlo en los programas del 20N), porque en vez de ciudadanos y profesionales, estamos fabricando, sencillamente, titulados.
Canallas constitucionalistas
Rosemary, la guía que nos acompañó el viernes por la House of Commons, nos contaba con entusiasmo cómo era el sistema constitucional británico. “No tenemos Constitución”, dijo. La mayoría de turistas no lo entendían… ¿Una de las democracias más antiguas del mundo sin Constitución? Sencillamente, van un paso por delante. El cuerpo constitucional del Reino Unido está formado por un conjunto de leyes básicas que pueden reformarse según la circunstancia y no en base a un pacto firmado un día en el que ni siquiera la mayoría habíamos nacido.
En España es diferente. La Constitución la redactaron entre 5 personas, luego la votaron (yo y tantos otros no, por una imposibilidad metafísica) por abrumadora mayoría e incluso se aceptaron unos mecanismos de reforma que, repetidos e interpretados una y otra vez, venían a lanzar un mensaje claro: reformar la Constitución es más complejo que descubrir el sexo de los ángeles (¡todo sea por el bien de la democracia!). Pues bien, en dos días, en pleno verano, dos tipos han decidido que sí, que se va a reformar, que nada de preguntar a nadie porque no hace falta y que la democracia, en el fondo, depende de un pacto entre dos personas. Y de aquél ente abstracto que nos sugiere la reforma, vaya.
¿La conclusión? Zapatero podría pasar también a la historia por haber sido presidente en una legislatura en la que se ha pervertido el espíritu democrático con el que se había hecho la Constitución, a menos así lo dice el marketing. Primero fue el Tribunal Constitucional con su sentencia en relación al Estatut y, ahora, el propio Gobierno proponiendo una reforma (que más allá del fondo, chirría en la forma) que no estaba prevista, sobre la que no ha habido ningún debate previo ni si quiera en los propios partidos y que está dando la razón a los que ya sea en los riots de Londres o en el 15M en Madrid o Barcelona dicen que nuestro sistema, de democrático, más bien poco.
Mañana, si no cambia el planteamiento inicial de la propuesta, cuando Stiglitz o Krugman digan que la contención del déficit es peligrosa para la propia economía estarán promoviendo algo inconstitucional. Pero, sobre todo, cuando mañana cualquiera diga que España es un Estado con un gran déficit democrático, donde los partidos ni si quiera debaten en su seno temas de gran trascendencia y que la poca confianza en la política es consecuencia de la propia política, no le faltará razón. Y no habrá excusas.
